La Corporación Mondragón es un grupo de cooperativas y empresas originario del País Vasco y actualmente extendido por el resto de España y otros países. Constituye el primer grupo empresarial del País Vasco y el séptimo de España, así como el mayor grupo cooperativo del mundo. Tiene casi 95.000 trabajadores. Fue fundado por el sacerdote José María Arizmendiarrieta en 1956 y su sede central se ubica en la ciudad de Mondragón, en el industrial Valle de Léniz. El 1 de abril de 2008 anunció que cambiaba su marca corporativamente a Mondragón.

La Corporación Mondragón está compuesta por 264 empresas y entidades que se dividen principalmente en tres sectores, financiero, industrial y distribución, además de abarcar también las áreas de investigación y formación.

Entre los proyectos empresariales que lleva actualmente a cabo la Corporación Mondragón, el principal lo constituye la creación de un polígono industrial en China, cerca de su capital económica, Shanghái, si bien este proceso de internacionalización ya había extendido antes la presencia de la cooperativa a otros 16 países como por ejemplo India y Rusia. Se prevé que China se convierta en el primer suministrador de la cooperativa en un plazo de tres años, con un 25% de sus importaciones además de centrar allí alrededor de un 15% de su producción.

“Historia de una Experiencia” expone, de forma resumida, las principales fases de la historia de MONDRAGON desde su creación en 1956 hasta su situación actual. También incide en el soporte ideológico que ha hecho posible su desarrollo y en el que continúa basando su actuación.

más información en http://www.mcc.es/esp/quienessomos/historiaMCC_esp.pdf

por María D´Ovidio, directora de la asociación civil interrupción

El presente trabajo es el resultado de un relevamiento de campo desarrollado durante 2006-2007 sobre los actores involucrados en la cadena de valor de la Industria Textil y de Indumentaria en Argentina, que directa o indirectamente están vinculados a la problemática del trabajo esclavo en los talleres de confección. La investigación, realizada en conjunto por Fundación El Otro (www.elotro.org.ar) y la organización interrupción* (www.interrupcion.net), es la continuación del estudio realizado en 2004- 2005 sobre esta misma industria, en el que se hizo foco sobre las desigualdades de género en el ámbito laboral y especialmente en la precariedad de las trabajadoras a domicilio. Éstas, al igual que los talleres, constituyen el primer y esencial eslabón dentro de la confección. Ambas investigaciones se enmarcan en el trabajo que lleva adelante la Red Puentes, cuya misión es promover el desarrollo de la cultura y las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en los países latinoamericanos desde la perspectiva, visiones y derechos de sus sociedades civiles. La red está integrada por 52 organizaciones sociales de 8 países de América Latina y Europa (www.redpuentes.org). En la presente investigación ilustramos cómo la responsabilidad de las empresas debería ir mucho más allá del mero cumplimiento de la Ley y cuál es el rol de Estado en este sentido. Para ello realizamos un análisis integral de la problemática laboral en la industria de indumentaria, donde se identifican todos los principales referentes y actores involucrados, y se analizan los posibles escenarios de acción conjunta para iniciar un camino común, y la eventual elaboración de una política pública para el sector.

El incendio ocurrido el 30 de marzo de 2006 en el taller ilegal de Luis Viale, barrio de Flores (Buenos Aires), donde murieron 2 costureros y 4 niños, fue el detonante para que tomaran un mayor estado público los reclamos que venían realizando durante los últimos años organizaciones sociales como la Union de Trabajadores Costureros, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras, en relación al trabajo esclavo en el sector de indumentaria. La situación también profundizó sus matices a partir de las denuncias presentadas durante 2006 por la Unión de Trabajadores Costureros, que involucraron a mas de 70 marcas de reconocido nombre en el mercado local, donde se comprobó la existencia de talleres textiles clandestinos con violaciones a la dignidad de los trabajadores: extensas jornadas de trabajo, pago a destajo y por prenda, pago en negro, reclutamiento bajo engaños, retención de los documentos de identidad, explotación abusando de las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes, situaciones de semi encierro o reducción a la servidumbre, exposición a enfermedades como la tuberculosis, alimentación precaria e intimidaciones a los trabajadores. La cadena de valor de la industria de indumentaria es compleja y de díficil fiscalización. La mayoría de la producción se encuentra tercerizada fuera de las empresas, generalmente en más de un taller. La masa crítica de talleres efectivos donde las empresas-marcas tercerizan su producción es incalculable, en parte debido a la informalidad característica del sector y su atomización, y en parte debido al terror impuesto por la coerción de los dueños de talleres clandestinos donde existe trabajo esclavo. Por otro lado, la normativa espécifica que regula las relaciones entre los talleristas y las empresas-marcas dadoras de trabajo, no fue aplicada como correspodía durante un largo período, debido a desinteligencias en materia de competencias jurisdiccionales y a la falta de decisión politica. Se estima que el 80% de la confección de prendas tercerizadas en talleres se realiza bajo condiciones informales o violando los derechos humanos básicos. A lo largo de la investigación comprobamos que talleres como el de Luis Viale, donde los trabajadores corren riesgo de muerte por las malas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, no son hechos aislados: son el reflejo de un sistema de producción, que provee a empresas-marcas importantes, basado principalmente en la explotación de inmigrantes vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral, así como de argentinos desempleados sometidos al mismo trato. Paralelamente, la gran mayoría del resto del sector de indumentaria, si bien no estan vinculados a proveedores en estas condiciones de trabajo, son provistos por talleres informales donde los trabajadores no están registrados. Son varios los factores que permitieron que este sistema de producción ilegal sea la regla y no la excepción: el alto grado de informalidad que caracteriza al sector, la precarización del mercado laboral característica de la década del 90´, la irresponsabilidad de las principales empresas-marcas respecto a la calidad de su cadena de valor (especialmente respecto a los talleres que las proveen), y la falta de decisión politica en los distintos niveles de gobierno para que existiera un sistema adecuado de verificación y control del trabajo en los talleres así como un programa nacional integral de asistencia a las victimas de trata con fines de explotación laboral. Quizás resulte útil exponer algunos números que den cuenta de la envergadura del problema: – Se estima que los talleres de confección explican el 25% de la problemática del trabajo con fines de explotación laboral, mientras que 3 de cada 4 trabajadores del sector no están registrados – Los inmigrantes bolivianos victimas de trata con fines de explotación sexual y laboral en Argentina se estima sean entre 100.000 y 130.000. – El 20% del PBI boliviano es explicado por las remesas declaradas de los talleres de confección radicados en Argentina. La trata de personas no sólo perjudica y pone en evidencia la precaria situación de la industria textil argentina, sino que también resalta la responsabilidad del gobierno argentino en el marco internacional de los Derechos Humanos promulgados por el Protocolo de Palermo contra el crimen organizado de la trata de personas. Es por eso que, la reciente destitución del embajador y el cónsul bolivianos por “negligencias profesionales”, ambos vinculados con la problemática de la trata de personas con fines de explotación en la Argentina, podría llegar a generar un nuevo impulso para que los gobiernos boliviano y argentino empiecen a cooperar en función de resolver esta problemática.

Hacia una solución conjunta en el sector 

Según las entrevistas de campo realizadas, se pone en evidencia que a raíz de la movilización social de las organizaciones vinculadas a las víctimas y al posicionamiento de la problemática en los medios, los distintos actores comienzan a manifestar mayor sensibilización frente a la problemática y consecuentemente mayor acción. En el ámbito nacional, la recuperación de las facultades por parte del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social en materia de supervisión del trabajo en las jurisdicciones locales permitirá, a través del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, reestablecer el foco en la disminuición del trabajo no registrado y combatir la indocumentación de los inmigrantes a través del plan Patria Grande. Mientras que en el ámbito local, la Subsecretaria de Empleo, Producción y Desarrollo Profesional del GCBA puso en marcha hace un año todo lo referente a la regulación del trabajo en su jurisdicción (como la policía de trabajo) y próximamente tendrá la competencia de la Ley de Trabajo a Domicilio (que data de 1941). Desde esta autoridad se intenta abordar la problemática de una manera integral, sensibilizando a las víctimas para que denuncien a los talleres, articulándose con actores sociales para la reinserción laboral de los trabajadores, promoviendo inspecciones preventivas en talleres para que regularicen su situacion y difundiendo el programa de certificación de la cadena de valor para las empresas del sector diseñado por el INTI, entre otras. Herramientas como la Certificación de Comportamiento Socialmente Responsable, diseñada y puesta en marcha por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), son fundamentales para el sector ya que permiten darle visibilidad a aquellas empresas- marcas que quieren diferenciarse por tener una cadena de proveedores limpia¨de trabajo esclavo, generando incentivos positivos en el sector para revertir esta tendencia.

En cuanto al sector sindical, existe pleno conocimiento de la problemática. El interés principal está puesto en lograr el mayor registro de sus trabajadores por parte de las empresas, garantizando el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo así como en la sensibilización de los trabajadores en materia sindical. Los sindicatos deberían oficiar de canales fértiles para abordar la problemática de la informalidad en el sector. En cuanto al sector privado, la presión por parte de los stakeholders o grupos de interés de las empresas resulta fundamental para que éstas asuman cada vez mas responsabilidad respecto a su cadena de valor. Para que esta demanda sea equitativa y no genere distorsiones dentro del sector, es necesario diferenciar por tipo y tamaño de empresa: no todas están en las mismas condiciones, y no todas tienen la misma responsabilidad. Resulta fundamental analizar el share del mercado de cada grupo y el nivel de ocupación que presenta para determinar las medidas que comulgan con los objetivos. La necesaria formalización del sector trae aparejado el incremento de los costos, y de no existir mecanismos especificos para determinar la composición mas justa y equitativa del precio establecido en cada eslabon de la cadena, este incremento inicial será directamente trasladado al precio final que pagará el consumidor.

La ciudadanía también debe intervenir con su poder de presión a través del consumo de aquellos productos que provengan de cadenas de valor responsables, donde esté garantizada la calidad no solo de la prenda sino también del tipo de trabajo que esta conlleva. A la luz de lo expuesto, el problema parecería estar resuelto, pero nos preguntamos si es esto suficiente para combatir el trabajo informal y el trabajo ilegal. Los escenarios posibles de acción conjunta entre los actores son factibles en la medida en que exista dialogo entre el sector estatal, privado y sindical. Es en éste ámbito donde se debería dar la discusión necesaria para diseñar politicas, tomar medidas realistas y equitativas en el sector generando los incentivos económicos y políticos necesarios para que trabajar con una cadena de valor bajo condiciones de esclavitud ya no sea rentable para nadie.

más información en http://traslaetiqueta.wordpress.com

por bananalink

En 1996, solamente 2.500 de los diez millones o más toneladas de banano comercializado a nivel mundial fueron vendidos con la etiqueta de comercio justo. Ninguno de ellos estuvo disponible en el Reino Unido y ningún supermercado los almacenó. Estos bananos “alternativos” fueron vendidos solamente en pequeñas tiendas independientes o a través de cooperativas de consumidores en Alemania, Suiza, Bélgica y Japón.

En abril de 2002, gracias a la acción coordinada por consumidores y alianzas internacionales de sindicatos, asociaciones de productores y organizaciones no gubernamentales, los bananos con una garantía de “comercio justo” también estuvieron disponibles en los supermercados en trece países europeos. Diez años después de su lanzamiento, más de 100.000 toneladas de los 14 millones de toneladas comercializadas a nivel mundial son producidas y vendidas con la etiqueta de comercio justo, un aumento multiplicado por cuarenta. Para el 2005, los bananos con la etiqueta de comercio justo ocuparon casi el 50% del mercado bananero suizo, mientras que en el Reino Unido, la participación en el mercado alcanzó más del 5% en solo cinco años.

Hasta el 2002, los bananos con etiquetas de comercio justo fueron comercializados a los consumidores británicos utilizando la “marca comercio justo” y en Suecia bajo el “Rattvisemarkt”. En el resto de Europa, Norteamérica y Japón, existieron etiquetas nacionales llevando el nombre de las fundaciones “Max Havelaar” o “Transfair”. Estas etiquetas garantizan que los bananos han sido producidos bajo ciertas normas y que el productor recibe un precio justo más una prima por invertir en mejoras sociales y ambientales.

El sistema de Comercio Justo incorpora el principio de “internalizacion de los costos” (por ejemplo, incluyendo el costo de derechos sociales y protección ambiental en el precio pagado por el consumidor). Bajo el criterio de FLO, a los productores se les garantiza un precio mínimo que es calculado para cubrir el costo total de producción más un margen razonable para satisfacer las necesidades básicas. Una prima sustancial también es pagada, la cual puede ser invertida hacia mejoras sociales y ambientales.

En el caso de las organizaciones de pequeños productores, los miembros deciden democráticamente cómo gastar la prima en su comunidad. En las grandes plantaciones certificadas por FLO, la prima está dirigida a beneficiar a los trabajadores quienes están alentados a organizarse en sindicatos independientes.

Los criterios sociales también incluyen otras normas internacionales de trabajo, sanitarias y seguridad. Las organizaciones también deben trabajar con el fin de eliminar todo tipo de discriminación por género. Adicionalmente, los mismos productores se comprometen a disminuir la aplicación de químicos, a proteger el agua, tierra y vida salvaje y a reducir y/o convertir los desechos en abono.

A finales de 2005, los bananos frescos de comercio justo, bananos fritos y puré fueron exportados por pequeñas asociaciones de productores o cooperativas y plantaciones de Ecuador, República Dominicana, Colombia, Santa Lucía, San Vicente, Dominica, Granada, Ghana, Costa Rica, Perú y Brasil. Todas las organizaciones en Perú y República Dominicana, al igual que algunas de ellas en Ecuador, producen bananos orgánicos.

A inicios del siglo XXI, el comercio internacional de bananos enfrentó la crisis más profunda en sus 100 años de historia. Las visiones, principios y prácticas de comercio justo son más necesitadas que nunca ya que la industria de billones de dólares esta yendo a través de cambios rápidos y sin precedentes. Trabajando en conjunto, consumidores y productores han desafiado a la industria a un cambio para que cubra con las demandas de una producción sostenible y comercio justo. Actualmente, nadie en la industria bananera desconoce este reto, pero todavía hay mucho más por hacer.

En las Islas de Barlovento, gracias al trabajo de la Asociación de Productores de las Islas de Barlovento, WINFA y gracias a los consumidores británicos, la etiqueta de comercio justo se ha convertido en una esperanza de sobrevivencia de la industria bananera en un mercado europeo de banano cada vez más liberalizado. A finales de 2005, más de la mitad de las exportaciones de las cuatro islas fueron certificadas con comercio justo, con algunos 40 grupos de productores de la comunidad, que incluyen 3000 fincas. Tres de cada diez productores son mujeres. La industria está buscando convertirse enteramente en una producción comercio justo durante los próximos meses y años.

enviado por ASHOKA

Roberto “Bob” creó el Mercado de la Estepa, un sistema que transforma a pequeños productores rurales en ciudadanos capaces de hacer valer sus derechos y hacerse cargo de sus propios procesos de cambio. 
Utiliza la producción y la comercialización justa de productos de familias marginales como una excusa para que ellas no solamente mejoren sus ingresos, sino que reconozcan su propia capacidad para participar en la toma de decisiones, gestionar y acceder a mejores niveles de educación, salud y de otros servicios que provoquen un cambio sustancial y duradero a su calidad de vida.
A partir de su vasta experiencia de trabajo con pequeños productores, Bob se dio cuenta de que la mayor barrera que enfrentan para integrarse a un proceso de desarrollo genuino y mejorar su calidad de vida no es solamente la falta de la titularidad de las tierras, la producción a escala mínima o la comercialización fragmentada, entre otros. El problema es más profundo, y está vinculado a la falta de percepción que tienen los pequeños productores rurales marginales de sí mismos como ciudadanos capaces de ejercer sus derechos, de gestionar un mejor acceso a servicios, de participar en la toma de decisiones de las políticas que los afectan. 
A su pobreza y aislamiento históricos se suma que, por un lado no conocen los mecanismos de participación que están a su alcance, y por otro, no se atreven a utilizarlos.
Es por eso que Bob diseñó el Mercado de la Estepa, un sistema que, utilizando como excusa la promoción de lo que los productores ya saben hacer –producción y comercialización-, tiene como objetivo último generar en ellos procesos de recuperación de la autoestima y revalorización de su cultura, y a la vez capacidades reales de participación, de toma de decisiones, de gestión y de hacerse cargo de su propio destino como grupo.
El Mercado de la Estepa es un centro comercial y cultural en donde las comunidades rurales comercializan sus productos de una manera atípica: cada una elige dos representantes quienes, por turnos, rotan para hacerse cargo de las ventas del local; con este sistema cada uno debe promocionar todos los productos por igual –no solo vende sus productos sino los de todos- en una lógica de colaboración y no de competencia. Ellos mismos son quienes elaboran el reglamento de uso y de funcionamiento del local, resuelven de manera organizada los conflictos que se presentan. Elevan la calidad de sus productos a partir del compartir con sus colegas, y no porque alguien “experto” les dice qué hacer. Los productores se fortalecen al comercializar como grupo y además este espacio les sirve también para vincular a los grupos distantes entre sí, acercando a quienes están geográficamente aislados.
Los procesos que se generan a través de este espacio de producción y comercialización convencen a estas personas de sus derechos y obligaciones ciudadanas y les dan la oportunidad de convertirse en actores fundamentales de la construcción de sus propias realidades. A largo plazo Bob piensa que la organización sustentable de las comunidades rurales y suburbanas les permitirá participar en los procesos regionales de toma de decisión que los afectan e influir en la formulación y seguimiento de las políticas públicas.
Hoy integran el Mercado 136 productores rurales de lana, miel, cuero, artesanías, dulce, piedras talladas, conservas y licores pertenecientes a 9 comunidades que están en un radio de 400 km. 
Participan las comunidades de Corralito-Panquehuau; Pichileufu arriba y abajo; Pilcaniyeu; Comallo-Anecon; Ñirihuau; Dina Huapi; Río Chico arriba y abajo; Valcheta; Jacobacci; Viedma; San Antonio Oeste y Las Grutas (todas ellas de la provincia de Río Negro). Dina Huapi es una comunidad semi-rural, a diferencia del resto que son todas rurales.

La internalización de costos sociales y ambientales ha sido uno de los cambios a la política regulatoria del comportamiento de las empresas, como entes abstractos corporativos no humanos, de mayor relevancia para las sociedad global desde la dualidad entre economía de mercado o economía planificada y sus diferentes mezclas. Esta incorporación del costo y el impacto de las actividades económicas en las comunidades y ambientes involucrados en la contabilidad económica y regulación estatal es la base de un futuro mejor para todos en términos de promoción del crecimiento, redistribución y seguridad social para todos de nuestros países ante el el aumento de la pobreza, el cambio climático y la exclusión social.

El consumo responsable es una de las herramientas más potentes para lograr este cambio desde lo cotidiano además de participar en la militancia política, y es también una forma de presionar al estado local para que tome iniciativas para que las empresas incorporen a sus gestión el impacto social y ambiental de su producción.

Hace unos años dos asociados a la asociación civil interrupción, los hermanos Menters, hicieron una página de internet para promover los valores y formas del consumo responsable. Se puede ver en:

 http://www.thementers.com/consumoresponsable/

La agricultura sostenida por la comunidad es un modelo socio-económico relativamente nuevo de producir comida y de organizar la distribución y las ventas, apuntando a aumentar la calidad de la comida y el cuidado dado a la tierra, las plantas y animales- mientras se reducen sustancialmente los desperdicios de comida y los riesgos financieros para los productores. Es también un método para que los pequeños granjeros y campesinos tengan un mercado cerrado exitoso en pequeña escala. Se enfoca en un sistema de recolecta y entrega semanal de vegetales, frutas, verduras, hortalizas, a veces también flores, y hasta leche o carne.
Esta clase de agricultura funciona con un grado mucho mayor que el usual de involucración de los consumidores, de manera que sea muy fuerte la relación consumidor-productor. El diseño de base incluye desarrollar un grupo cohesionado de consumidores que esté dispuestos a financiar el presupuesto de una estación entera para conseguir alimentos de calidad e igualmente un grupo comprometido de productores. El sistema tiene muchas variaciones, en cuanto a cómo el presupuesto de la granja es apoyado por los consumidores y cómo los productores entregan los alimentos, y por lo mismo, en cuanto a los niveles de riesgo compartido entre productores y consumidores.
El sistema nació en la década de 1960 en Japón, Alemania y Suiza, como respuesta a los problemas de la alimentación sana y de la urbanización de los suelos agrícolas. Posteriormente se extendió a Estados Unidos y Canadá, donde se ha formalizado unos 1500 grupos de productores-consumidores, conocidas como Community-supported agriculture CSA, el cual se especializa en productos orgánicos. También se han conformado grupos similares en Holanda, Dinamarca, Hungría, Portugal, Australia, Nueva Zelandia, Ghana y otros países. Actualmente 17 millones de japoneses participan del sistema teikei 提携  para asegurarse comida fresca y sana mediante un sistema de intercambio y distribución diferente al mercado convencional. En Francia existe una asociación para mantener la agricultura campesina AMAP, que extiende sus objetivos a la solidaridad con el movimiento campesino de la Confédération Paysanne.

enviado por ICECOR 

Organizaciones indígenas solicitan apoyo a comunidad internacional

Desde el 9 de abril pasado, las comunidades amazónicas del Perú iniciaron lo que califican de “paro indefinido” en toda la Amazonía peruana, como respuesta al incumplimiento del Congreso de la República de revisar seis decretos lesivos a los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de decretos emitidos por el Ejecutivo en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que suponen la apertura de la Amazonía a industrias social y ambientalmente destructivas como la minería y la explotación petrolera.

En la madrugada del 5 de junio, el gobierno de Alan García desató una violenta represión en la Amazonía peruana. Las informaciones son confusas y no hay cifras oficiales, pero hasta el momento habría entre diez a veinte muertos en Bagua, zona de Corral Quemado y Curva del Diablo.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (que incluye a organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina), describe la situación diciendo que “Nuevamente se pretende imponer la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo. Es la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión”.

Esta represión ocurre horas después de que el Congreso de la República decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos que facilitan la invasión de territorios indígenas, lo que hace suponen una clara connivencia entre el Congreso y la Presidencia.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) llama a “las organizaciones indígenas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, a tomar acciones concretas: cartas al gobierno peruano, al Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, a Amnistía Internacional, Survival International, a los Premios Nóbel de la Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), para que envíen de inmediato misiones al Perú, para detener esta violencia y se respeten los derechos indígenas”. También solicitan que en todos los países se realicen plantones ante las embajadas del Perú hasta que se detenga el baño de sangre y se deroguen los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos”.

La CAOI agrega que “los organismos de la ONU deben pronunciarse con firmeza, sumándose a la demanda planteada por la presidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, Victoria Tauli, de levantar el estado de emergencia, no usar la represión y cumplir con las normas internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos indígenas”.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales se suma a este llamamiento y solicita que se brinde el mayor apoyo posible a los pueblos de la Amazonía peruana cuyas vidas, culturas y medios de supervivencia están hoy en grave peligro.

Pueden dirigir cartas a la embajada Peruana en sus países exigiendo el inmediato cese de la represión en curso y que se respeten plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Los datos de contacto de las embajadas del Perú en el exterior están disponibles en: http://www.embassiesabroad.com/embassies-of/Peru

Por mayor información:
Norma Aguilar Alvarado
Área de Comunicaciones
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Telefax: 0051-1-2651061 
Celular: 980129692
Sitio web: www.minkandina.org